domingo, 8 de mayo de 2011

EL Tribunal Constitucional admite que Bildu se presente a las elecciones municipales

Estoy convencido de que hemos asistido a una representación teatral cuyos actos han sido cuidadosamente previstos por el Gobierno del PSOE y cuyo desenlace final, que es lo importante, se ha ajustado punto por punto a lo dispuesto y ejecutado por el Gobierno y exigido por el PNV.

El Gobierno de los 5 millones de parados necesita en esta etapa terminal del zapaterismo del apoyo del PNV, el cual ya había hecho explícito que sus votos en el Congreso quedaban condicionados a que Bildu pudiera concurrir a las elecciones municipales del próximo 22 de mayo. Por otra parte, es de sobra conocido que este Gobierno cree en el diálogo con ETA. Ha negociado de tapadillo, unas veces, y reconociéndolo abiertamente otras, como en tiempos de la tregua. Ha habido meteduras de pata tan sonadas como ver a ZP prácticamente anunciando el fin de ETA y que a los dos días los etarras volaran por los aires parte de la T4 de Barajas, atentado que costó dos vidas. Ha habido también episodios tan vergonzosos e incluso mezquinos como el chivatazo del Bar Faisán cuya investigación sigue adelante, a pesar del empeño de los que dieron el chivatazo y de los que lo recibieron en que no haya condenas y, sobre todo, de tapar los hechos y que no se conozca la ominosa verdad.

La representación teatral ha consistido en aparentar, a través de la Fiscalía General y de la Abogacía del Estado, que se hacía todo lo posible por impedir que Bildu se presentara a las elecciones, conscientes de que el partido de vuelta se jugaría en campo propio. Llegados al Tribunal Constitucional, institución de corte político y en cuya independencia hace mucho tiempo que no creen ni los más pardillos del lugar, hubo un empate en la Sala que conocía del asunto, con igualdad entre “magistrados PP” y “magistrados PSOE”. Lo de magistrados progresistas y magistrados conservadores es dar un ropaje ideológico y legitimador a lo que en el fondo es, sobre todo, obediencia y gratitud al proveedor del cargo. Pasó, pues, el asunto al Pleno y allí se reprodujo, nuevamente, la votación de los magistrados en línea con la postura del partido que los había propuesto, salvo el voto de Manuel Aragón, ya sea por convicción personal, independencia u oportunista paripé. Su voto no resultaba necesario para que hubiera una mayoría que, revocando la sentencia dictada por el Tribunal Supremo cinco días antes, permitiera a Bildu presentarse a las elecciones municipales del domingo 22 de mayo.

Horas antes de que se conociera el fallo, el PNV ya había votado con el PSOE en el Congreso de los Diputados. Asimismo, Íñigo Orkullu, máximo dirigente del PNV,  afirma sin ambages “haber hecho cosas que no se pueden contar” para que los proetarras entren en las elecciones. Por su parte, Bildu, en plena euforia abertzale por haber ganado la batalla de la participación de las elecciones, no tuvo reparos en reconocer que el TC tomó “una decisión política”. El TC, o por ser más exactos, esa exigua mayoría de magistrados (6 frente a 5), se fundamenta en la falta de pruebas de la vinculación entre ETA y Bildu; pero, todo apunta a que en este caso no había ni más ni menos pruebas que cuando ha habido decisiones contrarias. El listón de la prueba se coloca a determinada altura, elevadísima en este caso, por pura discrecionalidad de los magistrados y en exacta consonancia con lo que se ha decidido en el ámbito político.

La Ley de Partidos Políticos queda, así, en papel mojado y todo el esfuerzo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para demostrar la relación entre ETA y Bildu en tiempo, dinero y energías malgastadas, salvo la utilidad de servir de coartada al Gobierno, que ha aparentado oponerse a que Bildu se presentara a las elecciones y acaba logrando el apoyo parlamentario del PNV, gracias a una decisión que se nos presenta como completamente ajena a su acción e incluso contraria a su voluntad, aunque la contrariedad haya sido expresada más que con boca pequeña con una boca minúscula.

Vaya de antemano que quien suscribe es muy poco partidario de la ilegalización de partidos políticos. Como suele decirse, “las ideas no delinquen”, aunque existan delitos como el enaltecimiento del terrorismo que, a mi juicio, llevan al Derecho Penal más allá de su ámbito propio. Hay también quienes piensan que no permitir un cauce democrático a los más extremistas del separatismo vasco supone echarlos aún más en brazos de ETA y conducirlos a la aceptación incondicional del terrorismo.

Pero no podemos olvidar que quienes se van a sentarse en los plenos de los Ayuntamientos, ejercer cargos en ellos e incluso regirlos merced a la decisión del TC no son personas mínimamente respetuosas con los derechos y libertades de quienes piensan distinto, sino que se comportan de manera mafiosa, amenazando, amedrentando, insultando, agrediendo, informando a los terroristas, etc. Tratan de hacer la vida imposible, y a menudo lo logran, a quienes se oponen a su voluntad de una nación vasca independiente de España. Son personas que en infinidad de ocasiones han sido cómplices, en el más estricto de los sentidos, de los terroristas. Aparte de ello, el dinero de nuestros impuestos, con el que se les pagarán sus sueldos (se estima que 1.200 millones de euros en la legislatura), servirá para financiar el terrorismo.



Ante esas evidencias resulta absolutamente intolerable que se admita a estas personas en las instituciones. Juegan el más perverso de los dobles juegos. Usan la democracia y el Estado de Derecho en cuanto les beneficia y, al mismo tiempo, conculcan las más elementales reglas del Estado de Derecho y de la democracia al ejercer la coacción y legitimar la violencia extrema y el asesinato como medio válido para tratar de callar, aislar, marginar y arruinar la vida e incluso privarles de ella, a quienes se oponen a sus fines de independentismo. Se trata, además, de una vuelta atrás a una situación que había sido superada y que, entre otras cosas, ha permitido el arrinconamiento de ETA y que, por primera vez, que el PNV no gobierne el País Vasco.




En definitiva, da la impresión de que el Gobierno de ZP no sólo carece de una política definida en materia antiterrorista y, yendo más a la causa última, que no tiene unas convicciones profundas al respecto, sino que supedita una decisión de Estado de semejante trascendencia a las necesidades políticas del momento, actuando también en este campo con un desastroso cortoplacismo y con el mayor de los desprecios para las víctimas del terrorismo.

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